La criminalización del VIH se refiere a la aplicación injusta de la legislación penal sobre las personas que viven con el VIH debido únicamente a su estado serológico. Esto incluye el uso de leyes penales generales, o específicas del VIH, para procesar a las personas con este virus por la transmisión no intencional del VIH, la exposición percibida o potencial al VIH, y/o la no revelación de un estado serológico positivo diagnosticado.
La criminalización del VIH es un fenómeno mundial en auge que socava tanto los derechos humanos como los esfuerzos de salud pública, debilitando así la respuesta al VIH.
¿Qué conductas se ven afectadas por estas leyes?
La criminalización del VIH tiene lugar bien empleando estatutos penales específicos del VIH o bien aplicando la legislación penal general de forma exclusiva o desproporcionada contra las personas con el VIH
En muchos casos, las leyes que criminalizan el VIH son excesivamente amplias (en su redacción explícita o en la forma en que se han interpretado y aplicado), lo que hace que las personas con el VIH (así como aquellas percibidas por las autoridades como en situación de riesgo) sean extremadamente vulnerables frente a un amplio abanico de violaciones de sus derechos humanos
Por lo general, estas leyes se emplean para enjuiciar a personas que saben que tienen el VIH y que, supuestamente, no revelaron su estado serológico antes de mantener una relación sexual (no revelado del VIH), que se considera que han expuesto potencialmente a otras al VIH (exposición al VIH), o que se piensa que han transmitido el VIH (transmisión del VIH)
En muchos países, una persona con el VIH a la que encuentran culpable de otros ‘delitos’ (notablemente, aunque no exclusivamente, trabajo sexual, además de las que durante su arresto o encarcelamiento escupen o muerden al personal responsable de implementar la ley) a menudo se enfrentan a sentencias más duras incluso aunque la exposición o transmisión del VIH no fuera posible o entrañase (como mucho) un riesgo muy pequeño.
¿Hasta qué punto es generalizada la criminalización del VIH?
En marzo de 2023, 91 países (114 jurisdicciones) tienen alguna forma de ley penal específica al VIH y se tiene conocimiento de que 41 países (61 jurisdicciones) han aplicado leyes penales generales para procesar penalmente a personas que viven con VIH por presuntamente no revelación de su estatus serológico, exposición percibida o potencial al VIH, y /o transmisión no intencional del VIH.
Para descargar un PDF con un mapa mundial, con detalles sobre leyes reformadas o derogadas, haga click aquí.
Para ver los casos más recientes e información detallada por país, visite la Base de Datos Mundial sobre Criminalización del VIH de HIV Justice Network.
¿De qué modo la criminalización del VIH está socavando la respuesta al VIH?
La criminalización del VIH socava los objetivos de salud pública de muchas formas.
Los enjuiciamientos, y la atención mediática que atraen, singularizan y dan un trato sensacionalista al VIH de una manera que resulta muy estigmatizadora, calificando el diagnóstico del VIH como ‘catástrofe’ y a las personas con el VIH como ‘amenaza inherente para la sociedad’. Resulta inadecuado sugerir que la actuación penal constituye una respuesta primaria o adecuada frente a cualquier exposición percibida o potencial al VIH. Este estigma hace que resulte aún más difícil revelar el estado serológico al VIH a las parejas íntimas. La evidencia sugiere que esto podría desalentar la realización de la prueba, particularmente en el caso de aquellas personas provenientes de comunidades en situación de elevada vulnerabilidad frente a la infección por el VIH. Promover la realización de la prueba del VIH constituye una parte esencial de una respuesta eficaz a la epidemia: un diagnóstico positivo al VIH es el primer paso para acceder a un tratamiento antirretroviral que ayudará a mejorar la salud, mientras que un resultado negativo es el primer paso para acceder a la profilaxis preexposición (PrEP, en sus siglas en inglés), dos factores que constituyen herramientas clave en la prevención del VIH
La criminalización del VIH también puede socavar la relación terapéutica entre las personas con el VIH y las personas profesionales de la salud, lo que reduce su capacidad para proporcionar apoyo, entre el que estaría un asesoramiento sincero sobre las estrategias de reducción del riesgo. De hecho, las personas profesionales de la salud se han visto obligadas a testificar en los tribunales sobre las conversaciones con sus pacientes.
La criminalización del VIH también está afectando a la investigación sobre la prevención, tratamiento y atención del VIH, debido a la preocupación porque se aplique la ley para obtener datos confidenciales en el contexto de un caso penal.
También profundiza las preocupaciones sobre el uso de nuevas tecnologías para rastrear la epidemia, como la vigilancia molecular del VIH.
¿Cómo afecta la criminalización del VIH a los derechos humanos?
La criminalización del VIH socava los derechos humanos de las personas con el VIH, muchas de las cuales pertenecen también a comunidades marginadas o doblemente criminalizadas. La amenaza de acudir a la policía con acusaciones de no haber revelado el estado serológico al VIH se ha utilizado como forma de abuso o venganza contra parejas seropositivas (con las que se tiene una relación en ese momento, o se tuvo en el pasado). La penalización del VIH coloca a las personas seropositivas –en especial a las mujeres, aunque no solo a ellas– en una situación de mayor riesgo de sufrir violencia y abusos, e ignora la realidad de que es posible que algunas carezcan de la capacidad para revelar su estado serológico o no están en condiciones de negociar con su pareja el uso de preservativo
Las declaraciones estigmatizadoras por parte de las fuerzas de orden público o las agencias de salud pública, unido a la cobertura de los medios de comunicación, que pueden incluir nombres completos y fotografías –incluso de personas que únicamente han sido acusadas– pueden dar lugar a la revelación pública del estado serológico al VIH de una persona y a acusaciones graves de conducta delictiva, lo que puede traducirse en la pérdida de empleo y vivienda, al ostracismo social o incluso a ser objeto de violencia física. Con frecuencia, las investigaciones policiales y los enjuiciamientos tienen un impacto desproporcionado sobre las minorías raciales y sexuales, las personas migrantes y las mujeres. Es posible que las personas acusadas que carezcan de recursos no puedan disponer de una representación legal adecuada
En ocasiones, se han utilizado algunos de los delitos más graves recogidos en el derecho penal de un país (como, por ejemplo, la agresión con agravantes, la agresión sexual o el intento de asesinato) para enjuiciar la presunta no revelación del estado serológico en el contexto de un encuentro sexual consensuado. A menudo, las penas impuestas resultan desproporcionadas en relación al posible daño causado, incluyendo largas sentencias de prisión y/o la designación como delincuente sexual. Las personas que no tienen la ciudadanía de su país de residencia también pueden ser deportadas tras la condena, lo que puede traer consigo la pérdida de atención médica.
¿Cómo la criminalización del VIH coexiste con otras formas de criminalización, discriminación y estigma?
Lejos de ser una herramienta legítima de la salud pública, la criminalización del VIH es más bien usada como mecanismo para aumentar el control estatal y la vigilancia policial de grupos marginados o para castigar la vulnerabilidad social.
La criminalización del VIH frecuentemente se usa en conjunto con -y profundiza los daños de- otras sanciones legales punitivistas tales como las usadas contra personas trabajadoras sexuales, personas trans, migrantes irregulares, personas usuarias de drogas y para criminalizar las relaciones del mismo sexo.
La probabilidad de ser enfrentar procesos penales bajo leyes de criminalización del VIH aumenta para quienes enfrentan a formas interseccionales de discriminación, incluyendo la discriminación por raza, etnia, estatus migratorio, sexo, identidad de género u orientación sexual, así como para personas en prisión o en otros espacios de detención, personas sin techo y personas con discapacidad, en particular quienes viven con problemas de salud mental.
¿Dónde puedo encontrar más información?
Estrategia mundial contra el sida 2021-2026, de ONUSIDA, reconoce explícitamente la criminalización del VIH como una barrera para poner fin al VIH como una amenaza para la salud pública para 2030, y ha establecido nuevos objetivos globales audaces, específicamente que menos del 10% de los países criminalicen la transmisión, la exposición o no hacer público tener el VIH antes de 2025, y menos de un 10% de las personas que viven con el VIH denuncien experimentar estigma y discriminación en una amplia gama de entornos, incluido el sistema penal
Puede encontrar mucha más información en el sitio web de la HIV Justice Network y en la HIV Justice Academy. Los siguientes documentos clave a nivel mundial proporcionan antecedentes esenciales que informan nuestro trabajo.
-
ONUSIDA/PNUD - Informe de Política : Penalización de la Transmisión del VIH
-
Declaración de Oslo sobre la Criminalización del VIH', 2012
-
ONUSIDA, 'Ending o Poner fin a la penalización excesiva por la no relevación, exposición y transmisión del VIH: importantes consideraciones científicas, médicas y jurídicas', 2013
-
Barré‐Sinoussi et al. 'Declaración de Consenso de expertos sobre la ciencia relativa al VIH en el contexto del derecho penal', 2018
-
PNUD, 'Orientaciones para fiscales sobre casos penales relacionados con el VIH', 2021