Las enfermedades transmisibles son problemas de salud pública, no problemas penales: lo que hemos aprendido de la respuesta al VIH
Las medidas de política pública que respetan los derechos humanos y empoderan a las comunidades son mucho más efectivas que el castigo y encarcelamiento.
Mientras el mundo lucha con una nueva pandemia global, los legisladores y los encargados de formular políticas están tomando medidas drásticas en un intento de minimizar la propagación del SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19. La situación continúa evolucionando rápidamente y, al hacerlo, nuestras libertades están siendo limitadas de manera sin precedentes.
Les recordamos a los legisladores y a quienes formulan las políticas públicas que todas y cada una de las limitaciones de los derechos deben satisfacer los cinco criterios de los Principios de Siracusa, además de tener una duración limitada y estar sujetos a revisión y apelación. Estos principios son:
- La restricción se establece y se lleva a cabo de conformidad con la ley;
- La restricción es en interés de un objetivo legítimo de interés general;
- La restricción es estrictamente necesaria en una sociedad democrática para lograr el objetivo;
- No hay otros medios menos intrusivos y restrictivos disponibles para alcanzar el mismo objetivo;
- La restricción se basa en evidencia científica y no está hecha o impuesta arbitrariamente, es decir, de manera irrazonable o discriminatoria;
También advertimos a los legisladores y políticos contra la tentación de usar el derecho penal u otras medidas represivas injustificadas y desproporcionadas en relación con COVID-19. Ya que estas medidas podrían tener un impacto devastador en las personas más vulnerables de la sociedad, incluidas las personas sin hogar y/o que viven en la pobreza, así como las personas de comunidades marginadas y ya estigmatizadas o criminalizadas, especialmente donde no hay apoyo económico y social, dirigido y proporcionado para permitir que las personas se protejan a sí mismas y a los demás, incluso a través del autoaislamiento.
Como una coalición global que trabaja y hace campaña para abolir las leyes, políticas y prácticas penales y similares que regulan, controlan y castigan a las personas que viven con VIH en función de su estado seropositivo, conocemos las consecuencias perjudiciales de la criminalización de enfermedades tanto en los derechos humanos como en la salud pública.
La criminalización afecta desproporcionadamente a las personas y comunidades más marginadas, estigmatizadas y ya criminalizadas de la sociedad.
La criminalización no es una respuesta basada en evidencia científica a los problemas de salud pública. De hecho, el uso de la ley penal con mayor frecuencia socava la salud pública al crear barreras para la prevención, las pruebas, la atención y el tratamiento; por ejemplo, las personas no pueden revelar su estado o acceder al tratamiento por temor a ser criminalizadas. También puede conducir a un «juicio» mal informado por los medios sociales y de comunicación, y a una miríada de violaciones de derechos humanos, desde arrestos arbitrarios y detenciones, hasta juicios injustos (o ningún juicio en absoluto bajo nuevas medidas de emergencia) y severas penas de prisión. Esto también puede conducir a la propagación de infecciones y enfermedades transmisibles en las cárceles y esto es de particular relevancia en el contexto de COVID-19, que revela, una vez más, la necesidad de abordar el hacinamiento y otras condiciones deficientes de salud y saneamiento que son demasiado comunes. en las cárceles y otros entornos cerrados.
Nuestra experiencia nos ha enseñado que es poco probable que las leyes redactadas a toda prisa, así como la aplicación de leyes, impulsadas por el miedo y el pánico, se guíen por la mejor evidencia científica y médica disponible, especialmente cuando dicha ciencia no es clara, es compleja y está evolucionando. Dado el contexto de un virus que puede transmitirse fácilmente por contacto casual y donde la prueba de exposición o transmisión real no es posible, creemos que es poco probable que el sistema de justicia penal cumpla con los principios de equidad legal y judicial, incluidos los principios claves del derecho penal de legalidad, previsibilidad, intención, causalidad, proporcionalidad y prueba.
Los derechos humanos de las personas involucradas en casos penales relacionados con COVID-19 corren el riesgo de ser violados o ignorados.
Por lo tanto, exigimos a los legisladores y políticos, a los medios de comunicación y a las comunidades en general, a mantener los derechos humanos al frente y al centro mientras respondemos colectivamente a una nueva crisis de salud pública en un clima de miedo e incertidumbre. Es más crítico que nunca comprometerse y respetar los principios de derechos humanos; medidas básicas de salud pública con evidencia científica; y establecer asociaciones, confianza y cooperación entre legisladores y políticos y comunidades.
El Comité Ejecutivo de HIV JUSTICE WORLDWIDE está formado por:
AIDS Action Europe; AIDS and Rights Alliance for Southern Africa (ARASA); Canadian HIV/AIDS Legal Network; Global Network of People Living with HIV (GNP+); HIV Justice Network; International Community of Women Living with HIV (ICW); Positive Women’s Network – USA; Sero Project; and Southern Africa Litigation Centre.
Referencias adicionales
La semana pasada, un grupo de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas advirtió a los gobiernos contra el abuso de las medidas de emergencia para reprimir los derechos humanos:
«Si bien sabemos de la gravedad de la actual crisis de salud y reconocemos que el derecho internacional permite el uso de poderes de emergencia en respuesta a amenazas significativas, recordamos urgentemente a los Estados que cualquier respuesta de emergencia al coronavirus debe ser proporcionada, necesaria y no discriminatoria «, dijeron los expertos. «Las restricciones deben ajustarse estrechamente y deben ser los medios menos intrusivos para proteger la salud pública». Además, las autoridades deben tratar de devolver la vida a la normalidad y deben evitar el uso excesivo de poderes de emergencia para regular indefinidamente la vida cotidiana «.
ONUSIDA también emitió la semana pasada una guía que incluye una serie de recomendaciones, incluida la recomendación de que los Estados «eviten el uso de leyes penales al alentar comportamientos para frenar la propagación de la epidemia», señalando que el empoderamiento y la habilitación de las personas y las comunidades para protegerse y proteger a otros tiene un mayor efecto general
Y, como se describe en una carta abierta publicada por más de 800 expertos legales y de salud pública en los Estados Unidos que ofrecen recomendaciones a los funcionarios del gobierno: «Las medidas voluntarias de autoaislamiento [combinadas con educación, detección generalizada y acceso universal al tratamiento] hacen más probable que induzca la cooperación y proteja la confianza pública que las medidas coercitivas, y es más probable que evite los intentos de evitar el contacto innecesario con el sistema de salud «.